Dudas y certezas sobre la ampliación del Canal de Panamá

Fue arrollador, el 78 por ciento de los panameños votó por el Sí en el referéndum del pasado 22 de octubre que consultaba sobre la propuesta de ampliación del Canal de Panamá. Así, un mega proyecto que costará según estimaciones oficiales 5.250 millones de dólares y duplicará la capacidad del canal por donde se mueve más del 4 por ciento del comercio marítimo mundial y el 69 por ciento del estadounidense, se realizará mediante un tercer juego de exclusas, la mayor reforma estructural a la obra que fue una de las proezas de la ingeniería del siglo XX.
Los defensores de la expansión, entre los que se encuentran el presidente Martín Torrijos y la entidad gubernamental autónoma responsable de la administración y el mantenimiento del paso, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), estiman que estará lista para el 2014 o el 2015. La necesidad imperiosa de que el proyecto prosperara se debía a que, ellos aseguran, entre el 2009 y el 2012 el canal coparía su capacidad máxima sostenible debido a que la actual expansión económica mundial está incrementando el comercio entre el Atlántico y el Pacifico y en consecuencia las empresas navieras aumentan la construcción de barcos Postpanamax (de los que existen actualmente 300 en el mundo) demasiado grandes para la vía interoceánica. Las autoridades del canal sostienen que las obras serán costeadas mediante el incremento de los peajes a los clientes, con alzas de 3.5 por ciento como promedio anual en un lapso de 20 años, la primera de las cuales será en este 2007. En el mismo sentido, el canciller Samuel Lewis manifestó que el plan “va a ser pagado por el mundo”. Sin embargo, no todos están de acuerdo.
A tres meses del referéndum, la sensación callejera es de desinterés con respecto al futuro del bien nacional más preciado. El capitán Arosemena de la policía turística capitalina votó por el Sí, pero con dudas: “No me opongo a la modernización, pero no confío del todo en que la ampliación no sea un negocio”, decía.
El diario Crítica, ya el 29 de abril de 2004, titulaba: “Llegaron las fabulosas máquinas para agrandar el Canal”. La empresa de alquileres y servicios COAMCO, cuyo presidente es Guillermo Quijano, miembro a su vez de la Junta Directiva de la ACP , ya estaba trayendo maquinaria para el proyecto todavía no decidido. En la página web del Grupo CUSA, líder nacional en proyectos de construcción de infraestructura, se podía leer desde antes del referéndum: “Panamá proyecta inversiones de gran escala en el desarrollo de antiguas áreas militares y nuevos embalses para el mejoramiento del Canal”. El accionariado del grupo CUSA reposa mayoritariamente en manos de la familia de Alberto Aleman Zubieta, quien antes de ser administrador de la ACP dirigía dicha compañía.
Otro de los puntos conflictivos es el de los embalses. En 1999, en un sorpresivo y acelerado acto realizado por al Asamblea Legislativa el último día de su período constitucional de sesiones, se amplió la cuenca del Canal de 339 mil 649 hectáreas a 552 mil 761, cerca del 7 por ciento de todo el país. Cuando los campesinos residentes en los territorios de la cuenca ampliada se enteraron de que la aprobación de dicha ley apuntaba a la construcción de nuevos embalses para alimentar de más agua al proyecto de nuevas exclusas del canal (el canal requiere de 52 millones de galones de la muy escasa agua dulce por cada barco) cuestionaron fuertemente al plan. De allí surgió la Coordinadora Campesina Contra los Embalses (CCCE), que nuclea a los campesinos de las zonas aledañas a Colón, Coclé y Panamá. “Dicen que si no se amplía el Canal éste se volverá obsoleto. ¿Y qué?, el canal ha sido obsoleto para nosotros los campesinos desde el principio porque no hemos recibido ningún beneficio de ese Canal”, explicaba uno de ellos.
La CCCE no es la única organización que se opone a la ampliación, también están el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) y hasta Cáritas. Desde FRENADESO, que según un indígena del norte panameño es “un conglomerado de gente que le hace difíciles las cosas al gobierno”, denuncian lo que ellos consideran las “tres grandes mentiras” de la ACP. Por un lado cuestionan el secretismo con el que se maneja la entidad, por el otro discuten que el proyecto genere 3.500 o 4000 empleos directos (muchos de los cuales serían para extranjeros), 40.000 empleos indirectos y 252.000 paralelos como afirma la empresa. Pero el punto principal es que, aseguran, el costo no será de 5.250 millones de dólares, sino de 6.600 millones por el cobro de los intereses de los préstamos. Otro de los argumentos es que el Estado panameño dejará de percibir en 2007 al menos 119,7 millones de balboas (o dólares) luego de que la Junta Directiva de la ACP decidiera crear una reserva con ese monto para iniciar los trabajos de este año. La ACP se defiende explicando que la ley 28 garantiza que los aportes del Canal al Tesoro Nacional sumarán como mínimo 548,8 millones de dólares ya que los pagos por excedentes no podrán ser inferiores a los entregados en el año 2005, mientras las transferencias en concepto de derecho de tonelada no serán menores a las del año 2006.

“Omar Torrijos, eres el panameño del siglo XX que rescató nuestra soberanía”, indica un cartel en las cercanías del canal. Fue gracias a las gestiones del padre del actual presidente que finalmente el 31 de diciembre de 1999 los EEUU entregaron el control del Canal a Panamá (ver recuadro). Sin embargo, a partir de esa fecha no fue directamente el Estado el que tomó las riendas, sino la autónoma ACP creada para garantizar el adecuado funcionamiento de la vía y para alejarla de las veleidades de la política local. Desde ese momento a hoy, más de mil millones de dólares entraron en las arcas públicas, mucho más que durante los 85 años de administración norteamericana.
Si bien los EEUU ya no manejan el destino del Canal, ahora por medio del Tratado de Libre Comercio (TLC) intentan obtener beneficios de la ampliación. “Nos interesa bastante que a través del TLC encontremos oportunidad de participar en el proceso”, declaró la jefa negociadora del tratado por los EEUU, Regina Vargo. El TLC prevé el establecimiento de normas comunes de inversión, la protección de la propiedad intelectual, así como la eliminación progresiva de la mayoría de los aranceles mutuos y otras barreras arancelarias cuando un 95 por ciento de los productos panameños actualmente no pagan aranceles al entrar en EEUU gracias a varios programas de preferencias. El acceso de compañías estadounidenses a los contratos de la ampliación fue un obstáculo en las negociaciones, ya que el gobierno de Panamá no quería dar la impresión a sus conciudadanos de que devolvía el Canal a los EEUU. El arreglo final, entonces, fue reservar un 10 por ciento de esas obras para empresas panameñas.
Sin embargo, todas estas líneas argumentativas se mantienen al margen de una población que no ve al canal como un recurso capaz de resolver el 40.5 por ciento de pobreza ni los alarmantes niveles de redistribución de la riqueza - de cada cien dólares que se producen en Panamá, 70 centavos van para los 300 mil más pobres mientras que 44 dólares van para los 300 mil más ricos- que convierten al istmo, junto con Brasil, en uno de los países con peores índices del continente más desigual del mundo, según el PNUD. Es por eso que, como Jorge, taxista de la ciudad de Panamá, muchos aceptan resignados que “la expansión va porque va”.



Recuadro :

Panamá y el Canal

La cintura más angosta del continente americano se hizo famosa por una obra considerada por muchos como la octava maravilla del mundo moderno: El Canal de Panamá. Su faraónica construcción tardó 10 años y necesitó de más de 75.000 obreros venidos principalmente de las Antillas y de Europa, muchos de los cuales murieron a causa de la malaria, la fiebre amarilla y otras enfermedades o accidentes. Es entonces que desde su inauguración, el 15 de agosto de 1914 se convirtió en el principal referente nacional y la evolución de la historia panameña se centra en la esperanza de sacar provecho de la vía interoceánica.
Fue siempre una obsesión de la grandes potencias mundiales la búsqueda de un paso entre el Atlántico y el Pacifico que no obligar a sus buques a cruzar por el Cabo de Hornos, en el sur argentino. La primera solución fue un ferrocarril construido en 1855 por EEUU y autorizado por Colombia. Este tratado otorgaba a los norteamericanos el derecho de transitar libremente por el istmo y de proteger la línea con fuerzas militares propias.
En aquel entonces, Panamá era una provincia colombiana y en su capital, por decisión de Simón Bolívar, se había realizado del 22 de junio al 15 de julio de 1826 el famoso congreso anfictiónico que buscaba la consolidación de la Patria Grande Latinoamericana. Pero fracasó y el 3 de noviembre de 1903 con el apoyo explícito de los EEUU Panamá se independizó. La razón fue el control del Canal.
A quien primero se le ocurrió la idea del paso y ordenó que se investigara la posibilidad fue al rey Carlos V de España. Hubo que esperar sin embargo hasta 1878 para que el gobierno colombiano otorgara el primer contrato de construcción. El beneficiario fue Lucien N. B. Wyse, quien a su vez lo vendió al diplomático francés Ferdinand de Lesseps, el contratista y constructor del Canal de Suez. Las obras comenzaron en 1880, pero los 22.000 obreros muertos, los insuperables problemas de construcción y una mala administración financiera arrastraron en 1889 a la compañía a la bancarrota. EEUU tenía dos opciones: o construía un paso propio por Nicaragua o se adueñaba del existente. Los franceses, sin chances de concluir la obra, acordaron vender la concesión, pero Colombia, empantanada en su guerra civil, se negó. Y así sucedió la independencia.
El 18 de noviembre del mismo 1903 se firmó, viciado de legitimidad, el tratado entre el autoproclamado representante del gobierno panameño en EEUU, Philippe Bunua-Varilla y el subsecretario de Estado, John Hay que le otorgaba a los estadounidenses “derechos soberanos a perpetuidad en la Zona del Canal”, un área que se extendía a 8 km a cada lado de la vía.
En 1936 el tratado Hay-Bunau-Varilla fue reemplazado por el Hull-Alfaro. Allí los EEUU renunciaron al derecho de usar tropas fuera de la Zona del Canal y de apropiarse de tierras cercanas. También se elevó la suma anual pagada a Panamá.
Fue recién el 7 de septiembre de 1977 cuando ambos gobiernos suscribieron los tratados Torrijos-Carter (del Canal de Panamá y de la Neutralidad de la vía) que los norteamericanos aceptaron una paulatina retirada de sus tropas del territorio panameño, la apertura y la neutralidad del canal para todas las naciones en la paz y en la guerra y la entrega efectiva de la propiedad y el control total del Canal a Panamá el 31 de diciembre de 1999.
El 20 de diciembre de 1989 los EEUU invadieron Panamá militarmente en la misión que dieron a conocer como “Causa Justa”. En el istmo quien mandaba era el dictador y ex agente de la CIA , Manuel Noriega, quien se le había ido de las manos a los estadounidenses. El presidente George Bush, con la excusa de un marine norteamericano desarmado asesinado por soldados panameños decidió la invasión en lo que fue una prueba bélica para la posterior guerra del Golfo. Los objetivos fueron cuatro: a) proteger vidas americanas, b) mantener la seguridad del Canal, c) restaurar la democracia en Panamá y d) capturar a Noriega para llevarlo ante la justicia.
“Fueron pocos días y fue muy fácil para ellos. Con la presencia de bases en el territorio no hizo falta un desembarco clave. El ataque fue simultáneo y sincronizado desde aviones. Yo pelee para defenderme porque ellos tiraban, pero no había causa por la que pelear”, comentaba un policía local. Los estadounidense capturaron a Noriega y dejaron el poder en manos de Guillermo Endara quien había ganado realmente las últimas elecciones. El temor de fondo era que se pospusiera el tan añorado paso de la propiedad del Canal al Estado panameño.

Para la revista argentina Acción, febrero 2007