El Aleph colombiano

Un sendero entre la abundante vegetación y la perseverante lluvia conducía al corazón de una selva cada vez más densa. Ahí adentro, sin pedir permiso, una piscina de hojas de coca, un par de barriles de gasolina, dos hombres revolviendo y un techo de nylon daban cuerpo, en menos de 25 m2 , a un laboratorio de cocaína. La rusticidad del lugar era sólo comparable con la obscena ilegalidad que todo implicaba y por la que nadie mostraba preocupación. El guía y dueño era Adán, un hombre de unos 50 años, afable y de pocas palabras. Con su cruz dorada en el pecho, su eterno cigarrillo y una serenidad intimidante, explicó el proceso de producción de la “pasta base” paso a paso, por más de una hora.
Esta escena en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, distaba radicalmente de las innumerables tomas de exceso, violencia y tensión que Hollywood le dedicó al tema. Camuflada detrás de un ameno trekking de 6 días a la Ciudad Perdida de los indígenas Tayrona, se escondía una circunstancia que contenía al histórico conflicto colombiano en su cotidianeidad. Una especie de Aleph nacional, donde confluían el narcotráfico, los paramilitares, la guerrilla, el Estado, las culturas indígenas y el turismo, al alcance de cualquiera por 20.000 pesos colombianos (8 dólares).
Factorías como la de Adán constituyen la base campesina de un entramado de poderes que funciona en la región. Su trabajo consiste en el cultivo de coca y el posterior procedimiento de elaboración de la pasta base en los humildes laboratorios dentro de la selva o en sus propias cocinas. Los pasos a seguir, contaba Adán, son pocos, breves y simples. Las hojas de coca, por ejemplo, se utilizan sólo en una primera etapa en la que se las pisotea junto a cal y sal hasta volver todo un solo polvo. Luego se lo mezcla con gasolina, se lo filtra, se junta el líquido y se descarta el resto.
Más tarde vendrá una sucesión de productos químicos como ácido lisérgico, pergamanato, y soda cáustica (“esa que se usa para limpiar los baños”) antes de llegar a la crema húmeda, blanca y arenosa que es la pasta base. Este producto se lo venden a “los narcos” en Machete Pelao, el último pueblo al que llegan los vehículos a tres horas de ahí.
Para alcanzar la tan preciada cocaína sólo hace falta pasar la pasta base por la acetona; pero “esa la tienen en otro lado – agrega Adán - los muchachos con armas por seguridad. Es que con eso se pueden hacer bombas”. Esos muchachos son, además, los encargados de pagar “los impuestos” a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo paramilitar que ostenta el actual control regional. Esta última instancia es una novedad. Antes de la desmovilización paramilitar de 2003, el control absoluto y monopólico de la cocaína y la marihuana lo ejercía el grupo armado. Hoy el juego de la (casi) libre oferta y demanda hace que los precios suban: “Ahora que no les tenemos que vender sólo a los enviados de los paras, podemos negociar en mejores condiciones. De los 2.500.000 pesos (más de 1000 dólares) que vendemos el kilo nos quedan 500.000 de ganancia”, comentaba Alberto, otro productor campesino.
Por último, como señalaba Umaña, uno de los tantos policías que patrullan día a día la zona, “se saca el producto con los barcos bananeros que se dirigen hacia Europa y Estados Unidos. Combinar monte y costa es la principal ventaja de la Sierra para el tráfico de drogas”.
La sorpresa contrastaba con la parsimonia con la que Adán respondía las preguntas y sonreía para las fotos. Él, quien hace esta excursión hace 4 años y se jacta de estar en Internet, no pide credenciales, no indaga ni teme.
-¿No cree que haciendo el tour del laboratorio con cualquier turista es demasiado el riesgo y la exposición a la que se somete?
-Nunca tuve problemas. Al Ejército no le interesa porque ellos patrullan buscando a la guerrilla. Esa es tarea de la policía antinarcóticos que sí sobrevuela la zona, pero no ven nada por los árboles. Si vieran, pararían y …” Adán prendió repentinamente el encendedor para darle fuego a su enésimo cigarrillo.

El mito de los dos demonios

“Yo trabajo con los paramilitares y es por eso que si viene la guerrilla voy a tener problemas. Me van a obligar a que diga cómo trabajan y dónde están los cabecillas para no matarme. Eso haría que me gane el odio de los paras porque acá se puede estar con uno o con otro, nunca con los dos “. Esta declaración de Adán sustenta la hipótesis del gobierno acerca de la utilización de la sociedad civil y de sus bienes como blanco de ataque en el conflicto armado.
La teoría de “la sociedad civil entre dos fuegos” o “guerra contra la sociedad” como concluyeron en un documento treinta prestigiosos intelectuales europeos dedicados al tema, conlleva la idea de que el conflicto se mantiene ajeno a la gente. Como señala Javier Giraldo en su articulo “Colombia, ¿continuará la violencia?”, esta hipótesis va de la mano con “la imagen que se le ha vendido al mundo del conflicto colombiano, la del clásico enfrentamiento entre dos demonios que quieren eliminarse mutuamente, pero cometen el gran pecado de poner como escudo a la sociedad civil, la cual no tiene ningún interés en ese conflicto y se ha convertido en víctima inocente de la insania infernal de los violentos. Esos dos demonios son: la guerrilla y los paramilitares. El Estado quiere proteger a su sociedad civil de esa guerra absurda, pero sus recursos son tan limitados, frente a unos actores violentos que se nutren de las exorbitantes riquezas del narcotráfico, que se hace necesaria la solidaridad internacional, para que incluso intervenga militarmente en la solución del conflicto, ya que está de por medio el delito internacional de narcotráfico fusionado con el de terrorismo.”
Siguiendo esta línea, es importante aclarar que si bien es cierto que 3 millones de desplazados a nivel nacional –que sólo Sudán supera en el mundo- y los innumerables índices de homicidios, secuestros extorsivos y masacres dan cuenta de una victimización creciente de la población afectada; entender la guerra desde una visión simplemente dicotómica que divide entre buenos y malos no permite abarcar la complejidad del tema. Bajo ese parámetro se pierden los matices y la forma microfísica en que se maneja el poder de los grupos armados; se pierde de vista la subjetividad y las vivencias de los individuos involucrados.
En este sentido, apelar a los orígenes de este conflicto histórico y rural permite una mejor caracterización del mismo en la actualidad. Si la búsqueda es por los inicios, se debe comenzar con una muerte. El 19 de abril de 1948 fue asesinado el líder popular y candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán. Esto desencadenó una insurrección popular, “el Bogotazo”, que luego se trasladó al área rural y dio comienzo a una guerra de nueve años entre el partido del dirigente y el Conservador.
Aunque en 1957 se dio por finalizado el conflicto mediante el acuerdo del “Frente Nacional” que determinó la alternancia en el poder de ambos partidos, no se pudieron resolver dos problemas fundamentales. El primero de ellos es que muchos guerrilleros liberales no se desmovilizaron sino que por influencia del Partido Comunista, se pasaron a las filas del marxismo. Como explicaba Enrique Daza, psicólogo especialista en la violencia en Colombia: “Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) se crean por decisión del Partido Comunista colombiano. La figura era hacer guerrilla en el campo como la de Cuba y en la ciudad hacer reformismo como el de (Salvador) Allende. Ellos lo llamaron la combinación de todas las formas de lucha”.
El segundo problema sin resolver, aun más fundamental fue, como señala el ex M-19 y actual dirigente del Polo Democrático Alternativo, Antonio Navarro Wolf, “el de la marginalidad del campesinado colombiano. Existe una gran concentración de la tierra rural en manos de terratenientes, que nunca se ha resuelto y al contrario, ha aumentado en el último tiempo. Ella condujo a miles de campesinos a emigrar a zonas marginales de la cuenca del Amazonas y otras zonas selváticas fuera de la frontera agrícola, donde inicialmente sembraban cultivo de supervivencia, y en los últimos 25 años se han dedicado al cultivo de coca. Allí está la base social de las actuales guerrillas”
Esta perspectiva rural propuesta por Wolf permite entender una característica básica del conflicto: la guerrilla más vieja del mundo que llegó a contar en sus filas con 40 mil hombres y los grupos paramilitares que la combaten, están compuestas en gran parte por campesinos, que, como Adán y Alberto, encuentran en ellos una contención que el Estado no supo dar. Si se tiene en cuenta este factor, la política de confrontación impulsada desde el gobierno reelecto de Álvaro Uribe Vélez no parece poder llegar a buen puerto a largo plazo.
Como contrapartida desde la oposición, el Polo Democrático Alternativo, en voz de Wolf, nos habla del abandono de algunos de los mitos fundamentales desde donde se interpreta la realidad colombiana: “ 1) Si se acaba el narcotráfico se acaba la guerrilla, 2) el conflicto es terrorista, 3) la guerrilla será derrotada inexorablemente si se continúa con la estrategia militar, 4) Colombia sola puede resolver el problema”

El caso de la Sierra Nevada.

La Sierra Nevada de Santa Marta, donde convergen los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, constituye un escenario de disputa del conflicto armado desde 1980 cuando junto con la llegada de la guerrilla y como una alternativa de seguridad de la propiedad privada, se conforman por orden de los terratenientes de la zona los primeros grupos paramilitares bajo la dirigencia de Hernán Giraldo y con el nombre de “autodefensas del Mamey”.
No es sino hasta 1997 que las AUC entran en la región y negocian con las antiguas estructuras paraestatales la conformación del Bloque Norte, comandado inicialmente por Salvatore Mancuso (quien junto a Carlos Castaño son los principales referentes del grupo armado) y posteriormente por “Jorge 40” Este poder, que contaba con el apoyo de diversos sectores de la costa caribeña, incidió de manera definitiva en la instauración de un orden social y político que coexistía con un aparato estatal debilitado y que tradicionalmente no llega a las zonas más recónditas. Como resultado, el poder que la guerrilla ejercía hacia veinte años se vio debilitado, y en consecuencia se vieron forzadas a replegarse en las zonas más altas de la Sierra.
Este enfrentamiento se basaba en consideraciones estratégicas de las autodefensas: interrumpir la movilidad que las FARC tenía entre la Serranía del Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga grande del Magdalena; así como también apropiarse de los recursos del narcotráfico de la zona (que según declaraciones de “Jorge 40” aporta el 34 por ciento del financiamiento del grupo armado), la protección a ganaderos, bananeros, palmicultores, la industria de explotación del carbón y el contrabando y venta ilegal de gasolina desde la frontera con Venezuela, país en el que el litro oscila entre 70 y 100 bolívares (0.05 centavos de dólar)
Respecto de esta pugna entre bandos y continuando con la idea de “la sociedad entre dos fuegos”, el programa presidencial para los Derechos Humanos ha planteado las siguientes hipótesis para describir el proceso de violencia en contra de la población civil a partir de la ingerencia de las AUC: “1.Los grupos de autodefensas utilizaron los homicidios como una manera de compensar su inferioridad militar ante la insurgencia y de minar los supuestos apoyos de su adversario; 2. Una vez equilibrada la relación de fuerzas entre los dos grupos armados irregulares, las autodefensas implementan la violencia como una manera de crear lealtades y producir una ventaja; y 3. Una vez comprometido el dominio y el control por parte de la insurgencia en algunas zonas, ésta implementa la violencia contra los civiles como una manera de castigar el cambio de lealtades y de compensar las desventajas en el plano militar”. En este sentido, las consecuencias en la baja calidad de vida y el aumento de la pobreza, los homicidios y los desplazamientos forzados (consecuencia de la contrarreforma impulsada por las AUC que afectó a pequeños agricultores) parecen darle fuerza a esta tesis.
Sin embargo, conversando con los campesinos que se pasean por el monte armados, cuidando cultivos, expuestos a la violencia permanente, estos temas se encuentran naturalizados. Es que para ellos, las imágenes propagadas del conflicto se contraponen con el funcionamiento de una maquinaria que a sus ojos es trabajo y vida cotidiana. “Hernán Giraldo es muy querido por acá. El hizo todo esto y todo lo que hay se lo debemos a él”, nos llegó a comentar Jorge, un campesino local.
En la zona, los paramilitares representan la figura del Estado porque básicamente cumple sus funciones: actúan como fuerzas del orden, impiden la delincuencia, asisten ante emergencias y refuerzan los valores tradicionales, aun a costa de dejar explícita una doble moral que permite producir cocaína y cultivar marihuana, pero castiga con la muerte en caso de consumo personal. Del mismo modo, el narcotráfico funciona como una alternativa laboral conveniente y que, en algunos casos, llegó a representar una salvación frente al desempleo. Nuevamente Adán es ilustrativo: “Antes del cultivo de coca, hace veinte años, yo trabajaba en las plantaciones de cacao y café, y la huaqueria (robo de tumbas) en la Ciudad Perdida, que era lo que me daba más plata. Pero luego llegó el Estado y se impuso en las ruinas; fue entonces que empecé con esto”.
El caso de los indígenas de las comunidades Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kaukuamo es otra muestra fiel del contraste entre los números y las interpretaciones vivenciales de los protagonistas. El hecho de que la guerrilla haya tenido que replegar sus fuerzas hacia los territorios altos donde éstos habitan, supuso la condena de “auxiliadores” y la justificación de desapariciones, desplazamientos forzados y homicidios en manos de los paramilitares y que, según el Observatorios de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) de la Vicepresidencia, llegó a 253 entre los años 2000 y 2005. Pero además el perjuicio se sintió a nivel de colectivo, en el ejercicio de su autonomía, sus costumbres –como el uso de la hoja de coca- y sus derechos sobre la tierra comprendida como base fundamental de su vida espiritual. Aun así, Lomalchi o Romualdo Lozano Gil "por el tema del documento", mamo (chaman) de la Ciudad Perdida, comentaba: "Con los paramilitares tenemos buena relación, Hernán Giraldo siempre cumplía los acuerdos que tenia con los mamos"
Mientras tanto la estrategia del gobierno sigue siendo el aumento de los combates, que entre los años 2001 y 2004 pasaron de 36 a 92 y de los cuales el 85 por ciento fue contra la guerrilla y el 15 contra los paramilitares.

El cuestionado acuerdo

La política colombiana quiérase o no, está marcada por los tiempos del conflicto armado. Un ejemplo de ello fue el triunfo de Andrés Pastrana en 1998, luego de que Manuel Marulanda, Jefe de las FARC anunciara ante una población sedienta de paz que veía más fácil las negociaciones con este que con Horacio Serpa, el candidato por el partido Liberal. Del mismo modo, luego de los frustrados intentos de diálogo durante los años 1998 y 2002, la ciudadanía optó por cambiar de estrategia y se inclinó hacia la confrontación. El candidato de “mano firme y corazón grande” fue el favorito.
Uribe respondió con lo prometido. Su política de “seguridad democrática” se sostuvo fundamentalmente en el dialogo con los paramilitares de las AUC y la derrota en combate de la guerrilla, lo que implicó una omnipresencia militar por el aumento de las fuerzas publicas en un 30 por ciento, un presupuesto de 6.900 millones de dólares para el 2006 y una incidencia del gobierno estadounidense mediante el Plan Colombia.
Los resultados del autoproclamado “buen gerente” – apodo con el que resumió sus logros en materia económica, en el aumento de las inversiones privadas, del PBI en 5.13 y el control inflacionario- no se hicieron esperar. La baja de los delitos de alto impacto de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país; pero sobre todo el consenso en una opinión publica que creyó menguado el conflicto y sintió podía volver a viajar por las rutas de su país, le otorgó una imagen positiva que terminó en su reelección el 28 de Mayo de este año, con el 62 por ciento de los votos.
El comienzo del segundo mandato insinuó un giro inesperado, los eternos enemigos parecían comenzar a quererse. La apertura hacia un acuerdo humanitario entre el gobierno y las FARC, que significaba la liberación de 59 políticos y militares a cambio de 500 guerrilleros detenidos, había puesto en el debate público una posible apertura hacia la paz. El gobierno mostraba voluntad en la desmilitarización de los municipios de Florida y Pradera (una extensión de 800 km2) y hasta hablaba de una Asamblea Constituyente, tal como lo había hecho el ex presidente Cesar Gaviria en 1991 en el proceso con el M-19 y otros grupos menores. Por su parte, las FARC en un comunicado del 2 de octubre sostenían: “La paz, la solución política del conflicto, sigue siendo el más caro anhelo en el alma colectiva de los colombianos”.
Entonces, lo que parecía imposible antes de la reelección fue tomando forma. Los medios hablaban de un giro en la “seguridad democrática”. En ese contexto explotó un coche-bomba en la Escuela Superior de Guerra, el corazón militar de Bogotá. Y Uribe II volvió a ser Uribe I. “Quiero ir al monte para ponerme al frente de las tropas y ganarle la lucha a estos terroristas”, sostuvo contundente.
Lo cierto es que aunque la vuelta al discurso de mano dura es bien visto por gran parte de la opinión publica que lo relegitimó en su cargo, muchos esperaban de este segundo mandato más atención en lo que constituye la mayor de las deudas: la falta de una política social que contemple al 54 por ciento de población bajo la línea de la pobreza según la ONU.
En paralelo, continúan las negociaciones de paz, iniciadas el mes pasado, con el ELN. Para muchos, éstas podrían ser un ensayo y un modelo en este contexto crítico, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno carga con un muy cuestionado proceso de reconciliación con las AUC, iniciadas con “El acuerdo de Santa Fe de Railito” en julio de 2003.
Aun cuando desde el Palacio Nariño se ostenta el exitista número de 30.000 desmovilizados, los críticos aseguran que el número está inflado y acusan un incumplimiento en las condiciones de la negociación. En mayo de 2005, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU , Louis Arbour, manifestó: "He podido observar también que el prerrequisito del cese de hostilidades absoluto exigido por el presidente Uribe no se ha cumplido como se hubiera esperado, y no se han conocido consecuencias concretas para las AUC".
Estas irregularidades con los paras fomentan los rumores sobre los posibles nexos entre la familia de Uribe y el grupo armado, fundado en la amistad que éste tiene con los principales impulsores y financiadores de escuadrones de la muerte y en su desempeño, desde la Gobernación del departamento de Antioquia (1995- 1997), como promotor de una forma de paramilitarismo legalizado que fueron las Cooperativas de Seguridad, paradójicamente llamadas Convivir. El caso de la Sierra Nevada de Santa Marta sirve nuevamente como ejemplo. Ramón, que como Adán trabaja la coca, nos aseguró: “Esta zona es de los paramilitares, acá mandan ellos. Pero ya no tanto porque unos muchachos se bajaron cuando su jefe (Hernán Giraldo) se entregó. Pero hay más”.
Más allá de lo que asegure el gobierno, esos que quedan son los que toman las decisiones en la región. Son ellos los que cobran 50.000 pesos a las agencias por cada turista que pretenda llegar a las ruinas de la Ciudad Perdida de los Tayrona. Son ellos los que protegen los cultivos y los laboratorios de los campesinos. Son ellos los que negocian con los “mamos” locales la paz y la guerra.
Cerca de Machete Pelao, en el último comercio que está en el camino, un militar descansaba en una hamaca. Estaba indignado: “Hace 4 días los paracos estuvieron ahí, exactamente donde ustedes están sentados. Pero alguien les avisó que veníamos; se escaparon y no pudimos agarrarlos”. Lo cierto es que, hoy por hoy, el ejecutivo y los paramilitares no se odian tanto. Por un lado, nuevamente Adán quien sostiene que “el Ejercito pelea contra todos, pero más con la guerrilla porque con los paras son más amigos”. Por el otro, la remera del almacenero de Machete Pelao que, rodeada de militares y policías, grita bien fuerte: “Bloque Norte, Resistencia Tayrona. AUC”, y nadie hizo ni dijo nada.

Para el semanario italiano "Il Diario", febrero 2007