Dudas y certezas sobre la ampliación del Canal de Panamá

Fue arrollador, el 78 por ciento de los panameños votó por el Sí en el referéndum del pasado 22 de octubre que consultaba sobre la propuesta de ampliación del Canal de Panamá. Así, un mega proyecto que costará según estimaciones oficiales 5.250 millones de dólares y duplicará la capacidad del canal por donde se mueve más del 4 por ciento del comercio marítimo mundial y el 69 por ciento del estadounidense, se realizará mediante un tercer juego de exclusas, la mayor reforma estructural a la obra que fue una de las proezas de la ingeniería del siglo XX.
Los defensores de la expansión, entre los que se encuentran el presidente Martín Torrijos y la entidad gubernamental autónoma responsable de la administración y el mantenimiento del paso, la Autoridad del Canal de Panamá (ACP), estiman que estará lista para el 2014 o el 2015. La necesidad imperiosa de que el proyecto prosperara se debía a que, ellos aseguran, entre el 2009 y el 2012 el canal coparía su capacidad máxima sostenible debido a que la actual expansión económica mundial está incrementando el comercio entre el Atlántico y el Pacifico y en consecuencia las empresas navieras aumentan la construcción de barcos Postpanamax (de los que existen actualmente 300 en el mundo) demasiado grandes para la vía interoceánica. Las autoridades del canal sostienen que las obras serán costeadas mediante el incremento de los peajes a los clientes, con alzas de 3.5 por ciento como promedio anual en un lapso de 20 años, la primera de las cuales será en este 2007. En el mismo sentido, el canciller Samuel Lewis manifestó que el plan “va a ser pagado por el mundo”. Sin embargo, no todos están de acuerdo.
A tres meses del referéndum, la sensación callejera es de desinterés con respecto al futuro del bien nacional más preciado. El capitán Arosemena de la policía turística capitalina votó por el Sí, pero con dudas: “No me opongo a la modernización, pero no confío del todo en que la ampliación no sea un negocio”, decía.
El diario Crítica, ya el 29 de abril de 2004, titulaba: “Llegaron las fabulosas máquinas para agrandar el Canal”. La empresa de alquileres y servicios COAMCO, cuyo presidente es Guillermo Quijano, miembro a su vez de la Junta Directiva de la ACP , ya estaba trayendo maquinaria para el proyecto todavía no decidido. En la página web del Grupo CUSA, líder nacional en proyectos de construcción de infraestructura, se podía leer desde antes del referéndum: “Panamá proyecta inversiones de gran escala en el desarrollo de antiguas áreas militares y nuevos embalses para el mejoramiento del Canal”. El accionariado del grupo CUSA reposa mayoritariamente en manos de la familia de Alberto Aleman Zubieta, quien antes de ser administrador de la ACP dirigía dicha compañía.
Otro de los puntos conflictivos es el de los embalses. En 1999, en un sorpresivo y acelerado acto realizado por al Asamblea Legislativa el último día de su período constitucional de sesiones, se amplió la cuenca del Canal de 339 mil 649 hectáreas a 552 mil 761, cerca del 7 por ciento de todo el país. Cuando los campesinos residentes en los territorios de la cuenca ampliada se enteraron de que la aprobación de dicha ley apuntaba a la construcción de nuevos embalses para alimentar de más agua al proyecto de nuevas exclusas del canal (el canal requiere de 52 millones de galones de la muy escasa agua dulce por cada barco) cuestionaron fuertemente al plan. De allí surgió la Coordinadora Campesina Contra los Embalses (CCCE), que nuclea a los campesinos de las zonas aledañas a Colón, Coclé y Panamá. “Dicen que si no se amplía el Canal éste se volverá obsoleto. ¿Y qué?, el canal ha sido obsoleto para nosotros los campesinos desde el principio porque no hemos recibido ningún beneficio de ese Canal”, explicaba uno de ellos.
La CCCE no es la única organización que se opone a la ampliación, también están el Frente Nacional por la Defensa de los Derechos Económicos y Sociales (FRENADESO) y hasta Cáritas. Desde FRENADESO, que según un indígena del norte panameño es “un conglomerado de gente que le hace difíciles las cosas al gobierno”, denuncian lo que ellos consideran las “tres grandes mentiras” de la ACP. Por un lado cuestionan el secretismo con el que se maneja la entidad, por el otro discuten que el proyecto genere 3.500 o 4000 empleos directos (muchos de los cuales serían para extranjeros), 40.000 empleos indirectos y 252.000 paralelos como afirma la empresa. Pero el punto principal es que, aseguran, el costo no será de 5.250 millones de dólares, sino de 6.600 millones por el cobro de los intereses de los préstamos. Otro de los argumentos es que el Estado panameño dejará de percibir en 2007 al menos 119,7 millones de balboas (o dólares) luego de que la Junta Directiva de la ACP decidiera crear una reserva con ese monto para iniciar los trabajos de este año. La ACP se defiende explicando que la ley 28 garantiza que los aportes del Canal al Tesoro Nacional sumarán como mínimo 548,8 millones de dólares ya que los pagos por excedentes no podrán ser inferiores a los entregados en el año 2005, mientras las transferencias en concepto de derecho de tonelada no serán menores a las del año 2006.

“Omar Torrijos, eres el panameño del siglo XX que rescató nuestra soberanía”, indica un cartel en las cercanías del canal. Fue gracias a las gestiones del padre del actual presidente que finalmente el 31 de diciembre de 1999 los EEUU entregaron el control del Canal a Panamá (ver recuadro). Sin embargo, a partir de esa fecha no fue directamente el Estado el que tomó las riendas, sino la autónoma ACP creada para garantizar el adecuado funcionamiento de la vía y para alejarla de las veleidades de la política local. Desde ese momento a hoy, más de mil millones de dólares entraron en las arcas públicas, mucho más que durante los 85 años de administración norteamericana.
Si bien los EEUU ya no manejan el destino del Canal, ahora por medio del Tratado de Libre Comercio (TLC) intentan obtener beneficios de la ampliación. “Nos interesa bastante que a través del TLC encontremos oportunidad de participar en el proceso”, declaró la jefa negociadora del tratado por los EEUU, Regina Vargo. El TLC prevé el establecimiento de normas comunes de inversión, la protección de la propiedad intelectual, así como la eliminación progresiva de la mayoría de los aranceles mutuos y otras barreras arancelarias cuando un 95 por ciento de los productos panameños actualmente no pagan aranceles al entrar en EEUU gracias a varios programas de preferencias. El acceso de compañías estadounidenses a los contratos de la ampliación fue un obstáculo en las negociaciones, ya que el gobierno de Panamá no quería dar la impresión a sus conciudadanos de que devolvía el Canal a los EEUU. El arreglo final, entonces, fue reservar un 10 por ciento de esas obras para empresas panameñas.
Sin embargo, todas estas líneas argumentativas se mantienen al margen de una población que no ve al canal como un recurso capaz de resolver el 40.5 por ciento de pobreza ni los alarmantes niveles de redistribución de la riqueza - de cada cien dólares que se producen en Panamá, 70 centavos van para los 300 mil más pobres mientras que 44 dólares van para los 300 mil más ricos- que convierten al istmo, junto con Brasil, en uno de los países con peores índices del continente más desigual del mundo, según el PNUD. Es por eso que, como Jorge, taxista de la ciudad de Panamá, muchos aceptan resignados que “la expansión va porque va”.



Recuadro :

Panamá y el Canal

La cintura más angosta del continente americano se hizo famosa por una obra considerada por muchos como la octava maravilla del mundo moderno: El Canal de Panamá. Su faraónica construcción tardó 10 años y necesitó de más de 75.000 obreros venidos principalmente de las Antillas y de Europa, muchos de los cuales murieron a causa de la malaria, la fiebre amarilla y otras enfermedades o accidentes. Es entonces que desde su inauguración, el 15 de agosto de 1914 se convirtió en el principal referente nacional y la evolución de la historia panameña se centra en la esperanza de sacar provecho de la vía interoceánica.
Fue siempre una obsesión de la grandes potencias mundiales la búsqueda de un paso entre el Atlántico y el Pacifico que no obligar a sus buques a cruzar por el Cabo de Hornos, en el sur argentino. La primera solución fue un ferrocarril construido en 1855 por EEUU y autorizado por Colombia. Este tratado otorgaba a los norteamericanos el derecho de transitar libremente por el istmo y de proteger la línea con fuerzas militares propias.
En aquel entonces, Panamá era una provincia colombiana y en su capital, por decisión de Simón Bolívar, se había realizado del 22 de junio al 15 de julio de 1826 el famoso congreso anfictiónico que buscaba la consolidación de la Patria Grande Latinoamericana. Pero fracasó y el 3 de noviembre de 1903 con el apoyo explícito de los EEUU Panamá se independizó. La razón fue el control del Canal.
A quien primero se le ocurrió la idea del paso y ordenó que se investigara la posibilidad fue al rey Carlos V de España. Hubo que esperar sin embargo hasta 1878 para que el gobierno colombiano otorgara el primer contrato de construcción. El beneficiario fue Lucien N. B. Wyse, quien a su vez lo vendió al diplomático francés Ferdinand de Lesseps, el contratista y constructor del Canal de Suez. Las obras comenzaron en 1880, pero los 22.000 obreros muertos, los insuperables problemas de construcción y una mala administración financiera arrastraron en 1889 a la compañía a la bancarrota. EEUU tenía dos opciones: o construía un paso propio por Nicaragua o se adueñaba del existente. Los franceses, sin chances de concluir la obra, acordaron vender la concesión, pero Colombia, empantanada en su guerra civil, se negó. Y así sucedió la independencia.
El 18 de noviembre del mismo 1903 se firmó, viciado de legitimidad, el tratado entre el autoproclamado representante del gobierno panameño en EEUU, Philippe Bunua-Varilla y el subsecretario de Estado, John Hay que le otorgaba a los estadounidenses “derechos soberanos a perpetuidad en la Zona del Canal”, un área que se extendía a 8 km a cada lado de la vía.
En 1936 el tratado Hay-Bunau-Varilla fue reemplazado por el Hull-Alfaro. Allí los EEUU renunciaron al derecho de usar tropas fuera de la Zona del Canal y de apropiarse de tierras cercanas. También se elevó la suma anual pagada a Panamá.
Fue recién el 7 de septiembre de 1977 cuando ambos gobiernos suscribieron los tratados Torrijos-Carter (del Canal de Panamá y de la Neutralidad de la vía) que los norteamericanos aceptaron una paulatina retirada de sus tropas del territorio panameño, la apertura y la neutralidad del canal para todas las naciones en la paz y en la guerra y la entrega efectiva de la propiedad y el control total del Canal a Panamá el 31 de diciembre de 1999.
El 20 de diciembre de 1989 los EEUU invadieron Panamá militarmente en la misión que dieron a conocer como “Causa Justa”. En el istmo quien mandaba era el dictador y ex agente de la CIA , Manuel Noriega, quien se le había ido de las manos a los estadounidenses. El presidente George Bush, con la excusa de un marine norteamericano desarmado asesinado por soldados panameños decidió la invasión en lo que fue una prueba bélica para la posterior guerra del Golfo. Los objetivos fueron cuatro: a) proteger vidas americanas, b) mantener la seguridad del Canal, c) restaurar la democracia en Panamá y d) capturar a Noriega para llevarlo ante la justicia.
“Fueron pocos días y fue muy fácil para ellos. Con la presencia de bases en el territorio no hizo falta un desembarco clave. El ataque fue simultáneo y sincronizado desde aviones. Yo pelee para defenderme porque ellos tiraban, pero no había causa por la que pelear”, comentaba un policía local. Los estadounidense capturaron a Noriega y dejaron el poder en manos de Guillermo Endara quien había ganado realmente las últimas elecciones. El temor de fondo era que se pospusiera el tan añorado paso de la propiedad del Canal al Estado panameño.

Para la revista argentina Acción, febrero 2007

El Aleph colombiano

Un sendero entre la abundante vegetación y la perseverante lluvia conducía al corazón de una selva cada vez más densa. Ahí adentro, sin pedir permiso, una piscina de hojas de coca, un par de barriles de gasolina, dos hombres revolviendo y un techo de nylon daban cuerpo, en menos de 25 m2 , a un laboratorio de cocaína. La rusticidad del lugar era sólo comparable con la obscena ilegalidad que todo implicaba y por la que nadie mostraba preocupación. El guía y dueño era Adán, un hombre de unos 50 años, afable y de pocas palabras. Con su cruz dorada en el pecho, su eterno cigarrillo y una serenidad intimidante, explicó el proceso de producción de la “pasta base” paso a paso, por más de una hora.
Esta escena en la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia, distaba radicalmente de las innumerables tomas de exceso, violencia y tensión que Hollywood le dedicó al tema. Camuflada detrás de un ameno trekking de 6 días a la Ciudad Perdida de los indígenas Tayrona, se escondía una circunstancia que contenía al histórico conflicto colombiano en su cotidianeidad. Una especie de Aleph nacional, donde confluían el narcotráfico, los paramilitares, la guerrilla, el Estado, las culturas indígenas y el turismo, al alcance de cualquiera por 20.000 pesos colombianos (8 dólares).
Factorías como la de Adán constituyen la base campesina de un entramado de poderes que funciona en la región. Su trabajo consiste en el cultivo de coca y el posterior procedimiento de elaboración de la pasta base en los humildes laboratorios dentro de la selva o en sus propias cocinas. Los pasos a seguir, contaba Adán, son pocos, breves y simples. Las hojas de coca, por ejemplo, se utilizan sólo en una primera etapa en la que se las pisotea junto a cal y sal hasta volver todo un solo polvo. Luego se lo mezcla con gasolina, se lo filtra, se junta el líquido y se descarta el resto.
Más tarde vendrá una sucesión de productos químicos como ácido lisérgico, pergamanato, y soda cáustica (“esa que se usa para limpiar los baños”) antes de llegar a la crema húmeda, blanca y arenosa que es la pasta base. Este producto se lo venden a “los narcos” en Machete Pelao, el último pueblo al que llegan los vehículos a tres horas de ahí.
Para alcanzar la tan preciada cocaína sólo hace falta pasar la pasta base por la acetona; pero “esa la tienen en otro lado – agrega Adán - los muchachos con armas por seguridad. Es que con eso se pueden hacer bombas”. Esos muchachos son, además, los encargados de pagar “los impuestos” a las Autodefensas Unidas de Colombia (AUC), el grupo paramilitar que ostenta el actual control regional. Esta última instancia es una novedad. Antes de la desmovilización paramilitar de 2003, el control absoluto y monopólico de la cocaína y la marihuana lo ejercía el grupo armado. Hoy el juego de la (casi) libre oferta y demanda hace que los precios suban: “Ahora que no les tenemos que vender sólo a los enviados de los paras, podemos negociar en mejores condiciones. De los 2.500.000 pesos (más de 1000 dólares) que vendemos el kilo nos quedan 500.000 de ganancia”, comentaba Alberto, otro productor campesino.
Por último, como señalaba Umaña, uno de los tantos policías que patrullan día a día la zona, “se saca el producto con los barcos bananeros que se dirigen hacia Europa y Estados Unidos. Combinar monte y costa es la principal ventaja de la Sierra para el tráfico de drogas”.
La sorpresa contrastaba con la parsimonia con la que Adán respondía las preguntas y sonreía para las fotos. Él, quien hace esta excursión hace 4 años y se jacta de estar en Internet, no pide credenciales, no indaga ni teme.
-¿No cree que haciendo el tour del laboratorio con cualquier turista es demasiado el riesgo y la exposición a la que se somete?
-Nunca tuve problemas. Al Ejército no le interesa porque ellos patrullan buscando a la guerrilla. Esa es tarea de la policía antinarcóticos que sí sobrevuela la zona, pero no ven nada por los árboles. Si vieran, pararían y …” Adán prendió repentinamente el encendedor para darle fuego a su enésimo cigarrillo.

El mito de los dos demonios

“Yo trabajo con los paramilitares y es por eso que si viene la guerrilla voy a tener problemas. Me van a obligar a que diga cómo trabajan y dónde están los cabecillas para no matarme. Eso haría que me gane el odio de los paras porque acá se puede estar con uno o con otro, nunca con los dos “. Esta declaración de Adán sustenta la hipótesis del gobierno acerca de la utilización de la sociedad civil y de sus bienes como blanco de ataque en el conflicto armado.
La teoría de “la sociedad civil entre dos fuegos” o “guerra contra la sociedad” como concluyeron en un documento treinta prestigiosos intelectuales europeos dedicados al tema, conlleva la idea de que el conflicto se mantiene ajeno a la gente. Como señala Javier Giraldo en su articulo “Colombia, ¿continuará la violencia?”, esta hipótesis va de la mano con “la imagen que se le ha vendido al mundo del conflicto colombiano, la del clásico enfrentamiento entre dos demonios que quieren eliminarse mutuamente, pero cometen el gran pecado de poner como escudo a la sociedad civil, la cual no tiene ningún interés en ese conflicto y se ha convertido en víctima inocente de la insania infernal de los violentos. Esos dos demonios son: la guerrilla y los paramilitares. El Estado quiere proteger a su sociedad civil de esa guerra absurda, pero sus recursos son tan limitados, frente a unos actores violentos que se nutren de las exorbitantes riquezas del narcotráfico, que se hace necesaria la solidaridad internacional, para que incluso intervenga militarmente en la solución del conflicto, ya que está de por medio el delito internacional de narcotráfico fusionado con el de terrorismo.”
Siguiendo esta línea, es importante aclarar que si bien es cierto que 3 millones de desplazados a nivel nacional –que sólo Sudán supera en el mundo- y los innumerables índices de homicidios, secuestros extorsivos y masacres dan cuenta de una victimización creciente de la población afectada; entender la guerra desde una visión simplemente dicotómica que divide entre buenos y malos no permite abarcar la complejidad del tema. Bajo ese parámetro se pierden los matices y la forma microfísica en que se maneja el poder de los grupos armados; se pierde de vista la subjetividad y las vivencias de los individuos involucrados.
En este sentido, apelar a los orígenes de este conflicto histórico y rural permite una mejor caracterización del mismo en la actualidad. Si la búsqueda es por los inicios, se debe comenzar con una muerte. El 19 de abril de 1948 fue asesinado el líder popular y candidato a la presidencia por el Partido Liberal, Jorge Eliécer Gaitán. Esto desencadenó una insurrección popular, “el Bogotazo”, que luego se trasladó al área rural y dio comienzo a una guerra de nueve años entre el partido del dirigente y el Conservador.
Aunque en 1957 se dio por finalizado el conflicto mediante el acuerdo del “Frente Nacional” que determinó la alternancia en el poder de ambos partidos, no se pudieron resolver dos problemas fundamentales. El primero de ellos es que muchos guerrilleros liberales no se desmovilizaron sino que por influencia del Partido Comunista, se pasaron a las filas del marxismo. Como explicaba Enrique Daza, psicólogo especialista en la violencia en Colombia: “Las FARC (Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia) se crean por decisión del Partido Comunista colombiano. La figura era hacer guerrilla en el campo como la de Cuba y en la ciudad hacer reformismo como el de (Salvador) Allende. Ellos lo llamaron la combinación de todas las formas de lucha”.
El segundo problema sin resolver, aun más fundamental fue, como señala el ex M-19 y actual dirigente del Polo Democrático Alternativo, Antonio Navarro Wolf, “el de la marginalidad del campesinado colombiano. Existe una gran concentración de la tierra rural en manos de terratenientes, que nunca se ha resuelto y al contrario, ha aumentado en el último tiempo. Ella condujo a miles de campesinos a emigrar a zonas marginales de la cuenca del Amazonas y otras zonas selváticas fuera de la frontera agrícola, donde inicialmente sembraban cultivo de supervivencia, y en los últimos 25 años se han dedicado al cultivo de coca. Allí está la base social de las actuales guerrillas”
Esta perspectiva rural propuesta por Wolf permite entender una característica básica del conflicto: la guerrilla más vieja del mundo que llegó a contar en sus filas con 40 mil hombres y los grupos paramilitares que la combaten, están compuestas en gran parte por campesinos, que, como Adán y Alberto, encuentran en ellos una contención que el Estado no supo dar. Si se tiene en cuenta este factor, la política de confrontación impulsada desde el gobierno reelecto de Álvaro Uribe Vélez no parece poder llegar a buen puerto a largo plazo.
Como contrapartida desde la oposición, el Polo Democrático Alternativo, en voz de Wolf, nos habla del abandono de algunos de los mitos fundamentales desde donde se interpreta la realidad colombiana: “ 1) Si se acaba el narcotráfico se acaba la guerrilla, 2) el conflicto es terrorista, 3) la guerrilla será derrotada inexorablemente si se continúa con la estrategia militar, 4) Colombia sola puede resolver el problema”

El caso de la Sierra Nevada.

La Sierra Nevada de Santa Marta, donde convergen los departamentos de Magdalena, Cesar y La Guajira, constituye un escenario de disputa del conflicto armado desde 1980 cuando junto con la llegada de la guerrilla y como una alternativa de seguridad de la propiedad privada, se conforman por orden de los terratenientes de la zona los primeros grupos paramilitares bajo la dirigencia de Hernán Giraldo y con el nombre de “autodefensas del Mamey”.
No es sino hasta 1997 que las AUC entran en la región y negocian con las antiguas estructuras paraestatales la conformación del Bloque Norte, comandado inicialmente por Salvatore Mancuso (quien junto a Carlos Castaño son los principales referentes del grupo armado) y posteriormente por “Jorge 40” Este poder, que contaba con el apoyo de diversos sectores de la costa caribeña, incidió de manera definitiva en la instauración de un orden social y político que coexistía con un aparato estatal debilitado y que tradicionalmente no llega a las zonas más recónditas. Como resultado, el poder que la guerrilla ejercía hacia veinte años se vio debilitado, y en consecuencia se vieron forzadas a replegarse en las zonas más altas de la Sierra.
Este enfrentamiento se basaba en consideraciones estratégicas de las autodefensas: interrumpir la movilidad que las FARC tenía entre la Serranía del Perijá, la Sierra Nevada de Santa Marta y la Ciénaga grande del Magdalena; así como también apropiarse de los recursos del narcotráfico de la zona (que según declaraciones de “Jorge 40” aporta el 34 por ciento del financiamiento del grupo armado), la protección a ganaderos, bananeros, palmicultores, la industria de explotación del carbón y el contrabando y venta ilegal de gasolina desde la frontera con Venezuela, país en el que el litro oscila entre 70 y 100 bolívares (0.05 centavos de dólar)
Respecto de esta pugna entre bandos y continuando con la idea de “la sociedad entre dos fuegos”, el programa presidencial para los Derechos Humanos ha planteado las siguientes hipótesis para describir el proceso de violencia en contra de la población civil a partir de la ingerencia de las AUC: “1.Los grupos de autodefensas utilizaron los homicidios como una manera de compensar su inferioridad militar ante la insurgencia y de minar los supuestos apoyos de su adversario; 2. Una vez equilibrada la relación de fuerzas entre los dos grupos armados irregulares, las autodefensas implementan la violencia como una manera de crear lealtades y producir una ventaja; y 3. Una vez comprometido el dominio y el control por parte de la insurgencia en algunas zonas, ésta implementa la violencia contra los civiles como una manera de castigar el cambio de lealtades y de compensar las desventajas en el plano militar”. En este sentido, las consecuencias en la baja calidad de vida y el aumento de la pobreza, los homicidios y los desplazamientos forzados (consecuencia de la contrarreforma impulsada por las AUC que afectó a pequeños agricultores) parecen darle fuerza a esta tesis.
Sin embargo, conversando con los campesinos que se pasean por el monte armados, cuidando cultivos, expuestos a la violencia permanente, estos temas se encuentran naturalizados. Es que para ellos, las imágenes propagadas del conflicto se contraponen con el funcionamiento de una maquinaria que a sus ojos es trabajo y vida cotidiana. “Hernán Giraldo es muy querido por acá. El hizo todo esto y todo lo que hay se lo debemos a él”, nos llegó a comentar Jorge, un campesino local.
En la zona, los paramilitares representan la figura del Estado porque básicamente cumple sus funciones: actúan como fuerzas del orden, impiden la delincuencia, asisten ante emergencias y refuerzan los valores tradicionales, aun a costa de dejar explícita una doble moral que permite producir cocaína y cultivar marihuana, pero castiga con la muerte en caso de consumo personal. Del mismo modo, el narcotráfico funciona como una alternativa laboral conveniente y que, en algunos casos, llegó a representar una salvación frente al desempleo. Nuevamente Adán es ilustrativo: “Antes del cultivo de coca, hace veinte años, yo trabajaba en las plantaciones de cacao y café, y la huaqueria (robo de tumbas) en la Ciudad Perdida, que era lo que me daba más plata. Pero luego llegó el Estado y se impuso en las ruinas; fue entonces que empecé con esto”.
El caso de los indígenas de las comunidades Kogui, Arhuaco, Wiwa y Kaukuamo es otra muestra fiel del contraste entre los números y las interpretaciones vivenciales de los protagonistas. El hecho de que la guerrilla haya tenido que replegar sus fuerzas hacia los territorios altos donde éstos habitan, supuso la condena de “auxiliadores” y la justificación de desapariciones, desplazamientos forzados y homicidios en manos de los paramilitares y que, según el Observatorios de Derechos Humanos y el Derecho Internacional Humanitario (DIH) de la Vicepresidencia, llegó a 253 entre los años 2000 y 2005. Pero además el perjuicio se sintió a nivel de colectivo, en el ejercicio de su autonomía, sus costumbres –como el uso de la hoja de coca- y sus derechos sobre la tierra comprendida como base fundamental de su vida espiritual. Aun así, Lomalchi o Romualdo Lozano Gil "por el tema del documento", mamo (chaman) de la Ciudad Perdida, comentaba: "Con los paramilitares tenemos buena relación, Hernán Giraldo siempre cumplía los acuerdos que tenia con los mamos"
Mientras tanto la estrategia del gobierno sigue siendo el aumento de los combates, que entre los años 2001 y 2004 pasaron de 36 a 92 y de los cuales el 85 por ciento fue contra la guerrilla y el 15 contra los paramilitares.

El cuestionado acuerdo

La política colombiana quiérase o no, está marcada por los tiempos del conflicto armado. Un ejemplo de ello fue el triunfo de Andrés Pastrana en 1998, luego de que Manuel Marulanda, Jefe de las FARC anunciara ante una población sedienta de paz que veía más fácil las negociaciones con este que con Horacio Serpa, el candidato por el partido Liberal. Del mismo modo, luego de los frustrados intentos de diálogo durante los años 1998 y 2002, la ciudadanía optó por cambiar de estrategia y se inclinó hacia la confrontación. El candidato de “mano firme y corazón grande” fue el favorito.
Uribe respondió con lo prometido. Su política de “seguridad democrática” se sostuvo fundamentalmente en el dialogo con los paramilitares de las AUC y la derrota en combate de la guerrilla, lo que implicó una omnipresencia militar por el aumento de las fuerzas publicas en un 30 por ciento, un presupuesto de 6.900 millones de dólares para el 2006 y una incidencia del gobierno estadounidense mediante el Plan Colombia.
Los resultados del autoproclamado “buen gerente” – apodo con el que resumió sus logros en materia económica, en el aumento de las inversiones privadas, del PBI en 5.13 y el control inflacionario- no se hicieron esperar. La baja de los delitos de alto impacto de las FARC y el Ejército de Liberación Nacional (ELN), la segunda guerrilla del país; pero sobre todo el consenso en una opinión publica que creyó menguado el conflicto y sintió podía volver a viajar por las rutas de su país, le otorgó una imagen positiva que terminó en su reelección el 28 de Mayo de este año, con el 62 por ciento de los votos.
El comienzo del segundo mandato insinuó un giro inesperado, los eternos enemigos parecían comenzar a quererse. La apertura hacia un acuerdo humanitario entre el gobierno y las FARC, que significaba la liberación de 59 políticos y militares a cambio de 500 guerrilleros detenidos, había puesto en el debate público una posible apertura hacia la paz. El gobierno mostraba voluntad en la desmilitarización de los municipios de Florida y Pradera (una extensión de 800 km2) y hasta hablaba de una Asamblea Constituyente, tal como lo había hecho el ex presidente Cesar Gaviria en 1991 en el proceso con el M-19 y otros grupos menores. Por su parte, las FARC en un comunicado del 2 de octubre sostenían: “La paz, la solución política del conflicto, sigue siendo el más caro anhelo en el alma colectiva de los colombianos”.
Entonces, lo que parecía imposible antes de la reelección fue tomando forma. Los medios hablaban de un giro en la “seguridad democrática”. En ese contexto explotó un coche-bomba en la Escuela Superior de Guerra, el corazón militar de Bogotá. Y Uribe II volvió a ser Uribe I. “Quiero ir al monte para ponerme al frente de las tropas y ganarle la lucha a estos terroristas”, sostuvo contundente.
Lo cierto es que aunque la vuelta al discurso de mano dura es bien visto por gran parte de la opinión publica que lo relegitimó en su cargo, muchos esperaban de este segundo mandato más atención en lo que constituye la mayor de las deudas: la falta de una política social que contemple al 54 por ciento de población bajo la línea de la pobreza según la ONU.
En paralelo, continúan las negociaciones de paz, iniciadas el mes pasado, con el ELN. Para muchos, éstas podrían ser un ensayo y un modelo en este contexto crítico, sobre todo teniendo en cuenta que el gobierno carga con un muy cuestionado proceso de reconciliación con las AUC, iniciadas con “El acuerdo de Santa Fe de Railito” en julio de 2003.
Aun cuando desde el Palacio Nariño se ostenta el exitista número de 30.000 desmovilizados, los críticos aseguran que el número está inflado y acusan un incumplimiento en las condiciones de la negociación. En mayo de 2005, la Alta Comisionada para los Derechos Humanos de la ONU , Louis Arbour, manifestó: "He podido observar también que el prerrequisito del cese de hostilidades absoluto exigido por el presidente Uribe no se ha cumplido como se hubiera esperado, y no se han conocido consecuencias concretas para las AUC".
Estas irregularidades con los paras fomentan los rumores sobre los posibles nexos entre la familia de Uribe y el grupo armado, fundado en la amistad que éste tiene con los principales impulsores y financiadores de escuadrones de la muerte y en su desempeño, desde la Gobernación del departamento de Antioquia (1995- 1997), como promotor de una forma de paramilitarismo legalizado que fueron las Cooperativas de Seguridad, paradójicamente llamadas Convivir. El caso de la Sierra Nevada de Santa Marta sirve nuevamente como ejemplo. Ramón, que como Adán trabaja la coca, nos aseguró: “Esta zona es de los paramilitares, acá mandan ellos. Pero ya no tanto porque unos muchachos se bajaron cuando su jefe (Hernán Giraldo) se entregó. Pero hay más”.
Más allá de lo que asegure el gobierno, esos que quedan son los que toman las decisiones en la región. Son ellos los que cobran 50.000 pesos a las agencias por cada turista que pretenda llegar a las ruinas de la Ciudad Perdida de los Tayrona. Son ellos los que protegen los cultivos y los laboratorios de los campesinos. Son ellos los que negocian con los “mamos” locales la paz y la guerra.
Cerca de Machete Pelao, en el último comercio que está en el camino, un militar descansaba en una hamaca. Estaba indignado: “Hace 4 días los paracos estuvieron ahí, exactamente donde ustedes están sentados. Pero alguien les avisó que veníamos; se escaparon y no pudimos agarrarlos”. Lo cierto es que, hoy por hoy, el ejecutivo y los paramilitares no se odian tanto. Por un lado, nuevamente Adán quien sostiene que “el Ejercito pelea contra todos, pero más con la guerrilla porque con los paras son más amigos”. Por el otro, la remera del almacenero de Machete Pelao que, rodeada de militares y policías, grita bien fuerte: “Bloque Norte, Resistencia Tayrona. AUC”, y nadie hizo ni dijo nada.

Para el semanario italiano "Il Diario", febrero 2007

Venezuela, ese país que habla de socialismo

En 1992 Francis Fukuyama explicó el fin de la historia. La URSS había caído y con ella la bipolaridad; lo que quedaba, desde ese momento a la eternidad, era el mejor de los mundos posibles: el neoliberal. Hubo que esperar al primero de enero de 1994, fecha en la que México firmaba el Tratado de Libre Comercio de América del Norte con EEUU y Canadá, para que surgiera la primera respuesta organizada a lo que se presentaba como inevitable. El Ejercito Zapatista de Liberación Nacional, con una metodología no convencional, se levantó en armas y desde la selva Lacandona puso en boca del mundo las reivindicaciones de los indígenas chiapanecos. Después vinieron Seattle, Québec, Génova, el Foro Social Mundial de Porto Alegre. Todo indicaba, sin embargo, que algunos conceptos habían quedado definitivamente desterrados del lenguaje político, que se avanzaba en un único sentido y que, más allá de reacciones desesperadas, no existía proyecto concreto que lo confrontara. Fue entonces que Venezuela, un país petrolero sin industria desarrollada ni proletariado pujante, inventó su propia “Revolución Bolivariana” que, liderada por Hugo Chávez, acaba de ganar su onceaba elección en ocho años y camina confiada desde el antiimperialismo “rumbo al Socialismo del siglo XXI”.
Ya entrada la lluviosa noche del domingo 3 de diciembre, tensa porque los resultados se posponían más de lo deseado, el Consejo Nacional Electoral (CNE) dio el primer boletín oficial que le otorgaba a Chávez un incuestionable triunfo con el 62.89 % de los votos frente al 36.85% del candidato opositor unificado, el gobernador del rico Estado petrolero del Zulia, Manuel Rosales. Minutos después, con la certeza de la victoria que lo mantendrá en el poder hasta el 2013, el presidente salió al recién inaugurado “balcón del pueblo” del Palacio de Miraflores y comenzó a cantar el himno nacional ante los suyos. “Viva Venezuela, viva el pueblo venezolano, viva la revolución socialista”, fueron sus primeras palabras.
Con la imagen de los soldados en el techo del palacio de gobierno que recordaban la vuelta al poder de Chávez luego del golpe del 11 de abril de 2002, el reelecto presidente aseguró: “Que nadie le tenga miedo al socialismo que es fundamentalmente humano; que es amor, solidaridad. Es un socialismo originario, indígena, cristiano y bolivariano. Hoy comienza esa nueva época, la vía venezolana hacia el socialismo“. La épica es una de las características del proceso, y las pintadas caraqueñas lo confirman: “Marx + Bolivar = Socialismo del siglo XXI”.
Ocurre que aquí no se habla sólo de coyunturas pragmáticas, sino que se piensa en grandes hitos históricos. Así es que se inventan conceptos que puedan explicar lo que ocurre sin corrección académica, pero con el optimismo de la voluntad a flor de piel. Prueba de esto es que casi ninguna de las ideas que Chávez lanza al ruedo están amparados por un cuerpo teórico clásico. “Le pregunté a él qué era la Alternativa Bolivariana para la América (ALBA) y sonrió para después responderme: Fidel me ha preguntado lo mismo y le dije que es una idea, un concepto”, comentó la embajadora argentina en Caracas, Alicia Castro. Estas nuevas abstracciones que todavía están indefinidas, son justamente las que mayor fortaleza le dan al proceso. Es la gente en las calles la que habla, piensa y debate en torno al capitalismo, el socialismo, el imperio y la multipolaridad dando cuerpo a esta revolución política.
En el contexto de uno de los tantos actos de campaña en el interior, entre la multitud de seguidores del por entonces candidato-presidente, Alexis se destacaba por llevar en su mano el libro de Noam Chomsky, Hegemonía o supervivencia. “¿Socialismo del siglo XXI? La tendencia moderna del resurgir de los pueblos”, contestaba confiado. Sus palabras resultaban demasiado sofisticadas frente a las diversas interpretaciones que por allí se le daban al tema. “Significa que tiene que haber más apoyo a la clase social, no pensar en gobiernos aislados de los barrios”, explicaba Alberto; “que todos tengamos derechos por igual, algo que los indígenas venimos practicando hace 500 años”, decía Margarita. A veces la respuesta era simplemente: “Espectacular, lo mejor. De verdad, lo mejor”
El concepto de socialismo del siglo XXI, controversial y ambiguo, es un tema instalado de debate en la sociedad venezolana y su origen es más bien reciente. En los primeros años de gobierno chavista el discurso oficial se mantenía dentro de los parámetros de la crítica al capitalismo salvaje. Es sobre todo con el golpe de Estado que la retórica toma otro rumbo, el antiimperialismo norteamericano, lo que finalmente da pie a que el 1º de mayo de 2005, después del Referéndum de agosto de 2004, Chávez anuncie que Venezuela se dirigía hacia el socialismo.
El término tiene como fuente ideológica al teórico Heinz Dietrich y a lo que se dio en llamar “el árbol de las tres raíces”: la raíz bolivariana de la igualdad y la libertad, y la visión geopolítica de integración de América latina; la raíz del histórico dirigente campesino Ezequiel Zamora, del pueblo soberano y la unidad cívico-militar, y la raíz robinsoniana de Simón Rodríguez, el sabio de la educación popular y maestro de Bolívar. Nuclea además al humanismo cristiano, las experiencias comunitarias de los pueblos indígenas, a Marx y a Artigas entre otros.
Hay quienes, como Picky, coordinador del núcleo endógeno para los jóvenes Tiuna, El Fuerte, piensan que el socialismo es lo que se está viviendo en la actualidad, pero con mejoras. “Es que el poder se redistribuya, que haya menos distancia entre nosotros y el Estado, pero sin que el Estado te chupe. De eso tratan, por ejemplo, los consejos y los bancos comunales, que es la forma como el barrio se organiza y resuelve sus propios problemas”. El fomento al cooperativismo es otro aspecto de esta democracia participativa. “Este tipo de organización es un instrumento dentro de un marco más grande, que es la economía social y solidaria, que propician la participación del pueblo para apropiarse del proceso político que estamos viviendo”, señalaba Yris Martín Márquez, directora general de Despacho de la Superintendencia Nacional de Cooperativas.
A este marco se le suman las misiones sociales, que nacen como soluciones de emergencia, pero terminan rompiendo con los parámetros de salud y educación pública, al punto de que hoy la expectativa de muchos es que se institucionalicen. Ejemplo de ello son las misiones Barrio Adentro (el programa que lleva módulos de atención médica cubana totalmente gratuita a los espacios más recónditos del país y que, según cifras oficiales, suma 220 millones de consultas), Robinson, Ribas y Sucre, que cubren los niveles inicial, bachiller y terciario y que permitieron, gracias al incentivo económico que reciben los estudiantes adultos, un avance fundamental en los niveles educativos y la declaración de la Unesco en 2005 de Venezuela, único país latinoamericano junto con Cuba, como país libre de analfabetismo.
Sin embargo, hay quienes leen que estos avances son parte de una etapa de transición: “Todavía no hemos podido romper con este Estado pesado, corrupto y burocrático, donde la jerarquía, la división del trabajo y la especialización niegan la participación directa del pueblo. Este Estado no sirve para llevar a cabo el socialismo del siglo XXI o el socialismo en el siglo XXI, que son dos formas de nombrar lo mismo”, explicaba el Alcalde Mayor de Caracas, Juan Barreto.
Para ellos, el hincapié en la industrialización y el desarrollo tecnológico incentivado desde los acuerdos comerciales con China, Rusia e Irán, la diversificación de la economía a través de la recuperación de un agro abandonado por el petróleo y la creación de infraestructura son los sostenes del socialismo venezolano.
Desde la oposición también se escuchan interpretaciones. En su cierre de campaña, Rosales intentó explicarlo: “Que todos seamos mendigos del Estado, ése es el socialismo del siglo XXI, regalar riqueza a otras naciones. Esta corriente política les hablará a los niños de violencia, castro-comunismo y enrolará a los jóvenes para prepararlos para guerras ajenas que no entendemos”.
El resultado de la elección, sin embargo, los llevó a revisar estas afirmaciones. Con el complejo desafío de continuar en su giro democrático, sin ningún espacio institucional como consecuencia del abstencionismo ni coincidencias en el plano ideológico con Miraflores, tendrá que discutir proyectos en el marco de la construcción del Socialismo mediante una nueva Asamblea Constituyente, como ya lo anunció Chávez. La gran intriga que queda por delante es ver en qué idioma se dará esta nueva relación.

Una historia de desamor

Quienes fueron testigos del golpe reconocían el saludo. Eran Rosales y Pedro Carmona (o “Carmona, el breve”, como le dicen los chavistas), el presidente de facto durante la destitución militar de Chávez. Lo novedoso en la imagen era, sin embargo, el dibujo de una figura negra con cuernos y la frase “el diablo los une”, en referencia a la forma en que llamó Chávez a su homólogo estadounidense en la ONU.
Este afiche, que invadió la ciudad de Caracas y el interior de Venezuela en el contexto de la campaña, fue parte de los mensajes que intentaron retrotraer a la sociedad venezolana al historial político antidemocrático de una oposición que no supo cómo frenar el avance de este proceso revolucionario.
Pero esta relación antagónica entre gobierno y oposición no fue siempre así. En 1999, con el inicio del primer mandato, la retórica nacionalista del presidente contra el capitalismo salvaje no había producido fuertes reacciones. Se especulaba que la proclamada muerte de la IV República - como es conocido el bipartidismo del socialdemócrata Acción Democrática y del socialcristiano COPEI que gobernó el país desde la caída en 1958 del dictador Marcos Pérez Jiménez - era sólo un disfraz. Incluso la Reforma Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela fue leída como un cambio en los marcos de interpretación, algo que caracterizaban como simbólico. Es la etapa en la que Chávez se autodenomina “El ingenuo”.
Es recién con las polémicas leyes habilitantes de fines de 2001 –entre las que se destacan la Ley de Tierras contra el latifundio, la Ley de Hidrocarburos y la Ley de Pesca- que comienza la confrontación. Con ella, por primera vez después de muchos años, se pasaba a afectar intereses concretos. La ofensiva fue determinante. La falta de legitimidad de esta oposición por sus vínculos con la “vieja política”, los llevó a adoptar medidas radicales.
Las dos principales fueron el golpe de Estado de abril del 2002 y el paro petrolero de diciembre de 2002 a febrero de 2003, promovido desde la organización empresarial Fedecámeras, la directiva y trabajadores de la antigua nómina mayor de la estatal Petróleos de Venezuela (Pdvsa), y la Confederación de Trabajadores de Venezuela (CTV), que presionó la renuncia de Chávez desabasteciendo al país por 63 días de alimentos básicos de la canasta familiar y de recursos energéticos. Como señalaba Manuel Cova, secretario general de la CTV: “Debemos aceptar que el chavismo llegó para quedarse como consecuencia de muchos errores del pasado”.
En ambos casos el rol de los medios masivos de comunicación fue fundamental. Como actores decisivos de la polarización del país, esta vez actuaron como voceros de estos sectores con herramientas como el silenciamiento de información, la parcialidad y la permanente editorialización. Prueba de ello son los diarios El Nacional del 11 de abril y El Universal del 12, cuyos titulares, según el libro “Los documentos del Golpe”, de la Fundación Defensoría del Pueblo, fueron: “La batalla final será en Miraflores” y “¡Se acabó!”.
Paradójicamente, estos dos hechos determinaron las ideas del imaginario popular sobre la oposición, permitiendo así al bolivarianismo fortalecer su hegemonía. Chávez, estratega militar, logró después del golpe y gracias a la influencia probada de la gestión Bush, darle comienzo a su retórica antiimperialista. Asimismo, el paro fue la excusa que necesitaba para recuperar a la estatal PDVSA de la cúpula burocrática paraestatal que la manejaba según sus beneficios.
Frustrados ambos intentos, la oposición se rearmó para en el 2004 impulsar el Referéndum Revocatorio Presidencial del que Chávez salió nuevamente fortalecido con un 59 % de los votos. Allí comenzó la definitiva ofensiva gubernamental, que hasta ese momento había vivido en jaque. El dilema de la oposición, entonces, pasó a ser el más básico de todos: presentarse o abstenerse, ser o no ser. La opción por la segunda en las legislativas del 2005, que llevó a que el chavismo tenga actualmente el control absoluto en la Asamblea Nacional, había, sin embargo, inclinado la balanza de cara a las recientes elecciones hacia la iniciativa participativa. Julio Borges presidente de Primero Justicia y candidato a vicepresidente de Rosales, confesaba: “Nosotros nos dimos cuenta de que a Chávez no hay que sacarlo de Miraflores, sino del corazón de la gente”.
Resuelta esta primera disyuntiva, aún debía saldarse el tema de la unidad. Cuando aún no estaba resuelta la candidatura única de Rosales, Teodoro Petkoff, ex guerrillero y fundador del partido de izquierda Movimiento al Socialismo, resumía las razones de una posible nueva alianza electoral en estas palabras: “Es lo que hay. Desde los frentes populares antifascistas ¿a quién le sorprende que la derecha y la izquierda se unan?”. Lo que hay significa un conglomerado que va desde partidos de doctrina demócrata cristiana como COPEI hasta partidos de tendencia marxista-leninista, como es el caso de Bandera Roja. En el medio, escondidos y no tanto, están todos aquellos participantes del golpe y el paro como lo son el mismo Rosales, la CTV, Fedecámeras y organizaciones no gubernamentales como Súmate, una de las voces más acusadoras del gobierno que está investigada por recibir fondos de los Estados Unidos para su financiamiento.
Esta unión “pegada con chicle” como la definían al comienzo de su postulación, logró sin embargo obtener el apoyo de 4.196.329 millones de venezolanos sobre un total de 16 que estaban habilitados para votar. “La oposición, desde el momento que decidió unificarse e ir con la candidatura única de Rosales, se ha ido fortaleciendo. Haber reconocido el resultado electoral les permitirá construir un piso desde el cual armar un contrapeso que resulta muy importante para el país. Desde el principio, el bolivarianismo no ha tenido ninguna contraparte y eso permitió que el gobierno haga mucho hincapié en una democracia social aun a costa de subvalorar la democracia política”, comentaba Margarita López Maya, doctora en Ciencias sociales y profesora de la Universidad Central de Venezuela. Y agregaba “Rosales no es una opción para los sectores populares porque sigue representando viejos intereses, todavía tiene un pie en el pasado. Pero puede ser un líder de transición, que permita crear las bases para un espacio donde puedan surgir otros”.

La campaña

Primeros minutos del sábado, Caracas. Los rumores eran que el cierre de campaña de Rosales comenzaría con fuegos artificiales y explosiones a las doce en punto. En ese momento, el hit del reggeaton Atrévete-te-te de Calle 13, sobre el que inspiró su consigna, comenzó a sonar en Rajatabla, uno de los bares más concurridos de la capital venezolana. La respuesta fue primero de desconcierto, gente mirando la hora en sus celulares para ver si realmente era o no una coincidencia y, finalmente, la respuesta: “Uh, Ah, Chávez no se va!”.
Esta imagen fue una de las tantas formas en que se expresó la polarización venezolana durante la campaña electoral. La consolidación del sector opositor mediante una alternativa programática había logrado que, por primera vez en los últimos ocho años, se plantearan dos caminos, dos modelos. Y se notaba. Así es como en este país tan marcado en su vida cotidiana por el acontecer político, todo comenzó a establecerse dentro de un marco de dicotomías: el color rojo de Chávez contra el azul de los seguidores de Rosales, la consigna “diez millones por el buche” contra “por 26 millones de venezolanos”, “rumbo al socialismo del siglo XXI” versus “otro camino mejor es posible”.
La diferencia entre ambos, sin embargo, estaba marcada por un rasgo fundamental: el convencimiento. Los seguidores del indiscutible liderazgo carismático de Chávez, que genera según sus propias palabras “más que amor, frenesí”, se sienten partícipes de la “Revolución Bolivariana”, de un proceso que ellos consideran de profunda transformación nacional y que ha cambiado sus vidas. Por 15 mil bolívares (6 dólares) compran en los puestos callejeros remeras con la cara de su presidente: Chávez de perfil con la boina roja que usó en el mítico golpe de Estado de 1992, Chávez jugando al béisbol, Chávez en el cuerpo de la estatua de la libertad y en contra del imperialismo norteamericano. En estos últimos tiempos de campaña, los souvenirs revolucionarios se multiplicaron. Ahora hay llaveros, banderas, bufandas, toallas y hasta muñecos del presidente que, de civil y militar, cantan el himno nacional y repiten históricos discursos.
Rosales, en cambio, unificaba en su candidatura a todo el espectro opositor que se encolumna detrás del no-Chávez, detrás del gran odio que generan también las grandes pasiones. Es por eso que la heterogeneidad del conglomerado opositor tornaba compleja la formulación de políticas por la positiva. Además del respeto incondicional a la propiedad privada, una “democracia social” de tinte expresamente liberal, la creación de condiciones para las inversiones extranjeras y la tarjeta de débito “Mi Negra”, que ofrecía entre 600.000 y un millón de bolívares (entre 900 y 1500 pesos) “a más de 2.500.000 familias de la clase media empobrecida y sectores populares”, su construcción se centraba en la confrontación directa con Miraflores para así conseguir el apoyo de las capas medias y altas. Se enfurecían con el socialismo del siglo XXI, se oponía a la “regaladera” (como ellos llaman a la diplomacia internacional mediante la cual el gobierno intercambia con sus vecinos petróleo por servicios o productos con un alto contenido político), rechazaban la falta de división de poderes y denunciaban el carácter autoritario del presidente.
Los cierres de campaña fueron sin duda reflejo de esta diferencia. José Campos, con su remera azul firmada por la “cruzada anticomunista de Venezuela” y un cartel que ilustraba a Fidel Castro de la mano de un niño bajo el lema “Ahora la revolución viene por tus hijos”, nos explicaba las razones de su apoyo al candidato opositor: “Rosales nos ofrece salir del comunismo de Chávez que ya no existe”. En contraposición, al dia siguiente dos millones de personas, según fuentes oficiales, inundaron Caracas vestidos de rojo-rojito, con los puños en alto, y respondiendo al grito de “Hasta la victoria siempre. Patria o muerte. Venceremos”.
Este apoyo es consecuencia de la hegemonía que el gobierno supo construir en todos los campos: el militar, el institucional y el popular, cimentado a fuerza de omnipresencia, misiones sociales y una liturgia revolucionaria. Pero no se queda sólo en el plano simbólico, esta sensación se fundamenta también en los números macroeconómicos y sociales del país: el crecimiento del PBI en 12 trimestres consecutivos y que alcanzó en el 2005 el 9,3 por ciento, el auge de la actividad no petrolera del 11,7, el aumento del salario mínimo a 512.350 bolívares (unos 210 dólares), la baja en el desempleo a 8.9, la disminución a 39.7 de las personas pobres en relación al 61 del 2003 después del lock out patronal y la inversión programada para el 2007 del 44% del presupuesto nacional a las más de veinte misiones sociales en todo el país.
A pesar de que muchos alegan que estas posibilidades se deben al fabuloso ingreso de dinero por el aumento de los precios del petróleo, los chavistas están convencidos de que esta situación es mérito de su iniciativa en la OPEP que busca frenar la oferta para que suba la demanda. Aun así, hay todavía deudas pendientes, y la gente lo sabe. Entre ellos se encuentran el crecimiento de la inflación por el aumento de la demanda que la industria local no puede satisfacer, la creciente burocracia, la corrupción, la política todavía insatisfactoria en materia de construcción de viviendas y el 45,2 por ciento de los trabajadores que se desempeña en el sector informal.
Asimismo para muchos, todavía hace falta trabajar en la institucionalización de estos cambios, y en la creación de una estructura que no dependa del liderazgo carismático de Chávez. “O inventamos o erramos” decía Simón Rodríguez. En Venezuela sin duda algo se está inventando, hay que esperar por los frutos de esta construcción de un socialismo autóctono y latinoamericano que avanza si formulas ni recetarios. Tiempo al tiempo.

La revolución internacionalista

Ante la pregunta sobre el socialismo en un solo país el Ministro de Integración y comercio exterior, Gustavo Márquez señalaba: “Venezuela sola jamás va a logar plena soberanía. No puede desarrollarse un modelo socialista de manera aislada”. Justamente por esta visión internacionalista, es que el gobierno bolivariano mantiene un interés fuerte en el mapa grande.
Durante los últimos años, con decisiones tácticas, visión geopolítica y muchos petrodólares, Chávez ha hecho todo lo que estuvo a su alcance para encabezar un proyecto que rompa con la unipolaridad estadounidense. Su estrategia se basa en dos pilares fundamentales: entretejer alianzas con proyectos tan disímiles como los que avanzan en Rusia, China, Irán, Líbano, Vietnam y algunos países del África - lo cual le significa un blanco de críticas y una intencional cercanía a lo que Washington denomina “el eje del mal”- al mismo tiempo que alienta la integración sudamericana.
Con aciertos como el apoyo a Evo Morales en Bolivia, una cruda retórica antiimperialista y la guía infalible que encontró en Fidel Castro, fue construyendo una imagen en la región que logró conquistar a las izquierdas locales. Chávez ve aquí, por su afinidad ideológica y la vieja idea bolivariana de “La gran Colombia”, un punto de despegue hacia el mundo. Es por eso que, después de romper con la Comunidad Andina de Naciones luego de que Colombia y Perú firmaran los TLC, apostó muy fuerte al MERCOSUR, aun a sabiendas de que “todavía es neoliberal”. Según Márquez, “la idea es que como las estructuras siguen siendo viejas, se debe fomentar la dinámica de integración no sólo de los Estados sino de los pueblos, de los movimientos sociales”.
La lección peruana, donde su incidencia en las presidenciales no sólo no ayudó a Ollanta Humala sino que fortaleció a su rival, Alan García, creando así la primera ruptura del año de esta nueva tendencia de centro izquierda con aspiraciones hegemónicas; lo llevó a cambiar de estrategia en Ecuador. Optó por el silencio y hoy el triunfo de Rafael Correa fortalecería su liderazgo regional al agregar a Quito al ya famoso eje del ALBA La Habana –Caracas– La Paz.
El panorama que se abre con su reelección abrumadora es la consolidación de este bloque con una dinámica más avanzada para que finalmente presione al MERCOSUR y “los dos se orienten a converger en un solo proceso”. Sin embargo, la alianza con Brasil y Argentina, que como históricas fuerzas hegemónicas del subcontinente son fundamentales para la consolidación de una integración menos susceptible en términos económicos, presenta dificultades por los grados de radicalidad política de cada proceso y por las ambiciones de liderazgo.
Mientras tanto, estas grandes aspiraciones en el marco internacional que incluyen las inversiones en forma de ayuda exterior a los países subdesarrollados, (llamada peyorativamente “petrodiplomacia” o “regaladera”) le pesan muchas veces sobre su construcción a nivel interno. Un taxista comentaba al respecto: “Eso no le gusta a nadie”. No notó que, justo en ese momento, un cartel le respondía: “Somos antiimperialistas por solidaridad con el mundo”.

Para el semanario italiano "Il Diario", Diciembre de 2006